ESTADO DE DERECHO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuando escuchamos el término Estado de Derecho pensamos en la definición clásica de respeto y aplicación de la ley por parte del Estado hacia los ciudadanos. Para las Naciones Unidas es un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.

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En su informe sobre el Estado de Derecho y la justicia de transición, el secretario general de la ONU “exige que se adopten me- didas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.”

Esta definición es aceptada por el Estado mexicano y ampliada de acuerdo con el sistema jurídico del país. En su página electrónica, el Sistema de Información Legislativa añade que “en México, el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución donde se define que las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con de toda la aprobación del Senado, serán Ley Suprema unión.

Los legisladores confirman que el Estado mexicano ha adoptado leyes nacionales y reglamentaciones para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, y aplicar el Estado de Derecho. Dichas medidas se ven reflejadas en la Constitución Política y en la promulgación de leyes secundarias, reglamentos y códigos, en donde el Estado mexicano busca garantizar el respeto y cumplimiento de las leyes.

Existen leyes que sancionan los delitos y la transgresión de la ley, pero también que garantizan el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos, por ejemplo la ley de Transparencia y Acceso a la Información, la de Combate a la Corrupción, así como códigos civiles y penales diseñados para asegurar la aplicación, ejercicio, y cumplimiento pleno de los derechos ciudadanos.

También existen normatividades que promueven la participación política de los ciudadanos para la toma de decisiones en el ámbito público, desde las leyes electorales que fomentan el voto para la elección de las autoridades, hasta reglamentaciones que promueven la realización de foros de consulta para obtener propuestas ciudadanas, que abonen en el diseño de las políticas públicas.

Desde esta óptica, el Estado de Derecho no se limita solo a la confección de leyes, a su aplicación y/o cumplimiento, sino que fomenta la “participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas”. Pero no solo eso, el doctor en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Polí- ticas de la UNAM, Valeriano Ramírez Medina, opina que “la aplicación del Estado de Derecho pasa necesariamente por la exigencia de las comunidades, de la aplicación de sus derechos y sus obligaciones”.

Esta reflexión supondría que es imposible concebir al Estado de Derecho únicamente como el respeto y aplicación por parte del Estado, de una manera unilateral, sino que necesariamente debe haber una participación ciudadana para el cumplimiento de la ley y la aplicación del Estado de Derecho. De acuerdo con el doctor Ramírez, los grupos o comunidades de la sociedad deben ser conscientes de que la ciudadanía tiene el derecho de acceso a la justicia, pero además de que son sujetos de obligaciones, y que una de ellas es la de exigir la justicia o la aplicación de la ley.

En su artículo sobre Norberto Bobbio: Estado de Derecho y Democracia, Ricardo Bellamy relaciona a la democracia y el Estado de Derecho de la siguiente forma, señala que “la democracia se entiende mejor como un mecanismo en el cual los diversos grupos que se encuentran en una comunidad dirimen sus discrepancia y se ponen provisionalmente de acuerdo sobre una definición de las reglas comunes para todos”.

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Si pensamos a la sociedad como un sistema complejo constituido por grupos, comunidades o pequeñas sociedades representadas por sistemas organizados como grupos de la sociedad civil, organizaciones privadas o instituciones, entonces consideremos que al mismo tiempo que estos subsistemas coexisten y tienen relaciones entre si, también cada uno de estos tienen sus objetivos, sus propios intereses y exigen sus derechos y asumen sus obligaciones, según lo determine su razón de ser, su doctrina o documentos constitutivos.

Estos grupos u organizaciones exigen también justicia y aplicación de la ley como parte de su ejercicio de convivencia, y para contar con los elementos indispensables que les proporcione certidumbre y seguridad. Así pues, el Esta- do de Derecho al tener este elemento colaborativo entre el gobierno y la socie- dad no solo adquiere un sentido orgánico en su organización, o de legitimidad en cuanto al reconocimiento del elemento participativo de la sociedad, sino que implica la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, de transparencia y rendición de cuenta, y de la atención de necesidades reales mediante las políticas públicas.

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CONTRIBUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

Los partidos políticos representan uno de estos grupos u organizaciones de la sociedad que por su estructura y organización puede incidir en la toma de decisiones guberna- mentales que abonen en la aplicación y administración del Estado de Derecho. Los simpatizantes, militantes y miembros de estos institutos políticos contribuyen al ejercicio del Estado de Derecho al poner en práctica las funciones determinadas en la Constitución, en las leyes y reglamentos.

También las que se marcan en su doctrina, esta- tutos o principios que regularmente están basados en la obtención del bien común, el ejercicio de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la distribución de la riqueza.

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También existen las funciones sociales de los partidos políticos cuyo fin es cumplir con algunas responsabilidades que como organizaciones públicas tienen. Existen, por ejemplo, las de socialización política, las de movilización de la opinión pública, las de representación de intereses y las de legitimación del sistema político.

Específicamente, en lo que a la representación de intereses se refiere, los partidos políticos tienen como objetivo principal representar los intereses de clase, ideológicos o doctrinarios de los grupos que representan.

La representación de los intereses conlleva la defensa de los mismos, la exigencia del respeto a los valores que los constituyen, el ejercicio de los derechos políticos, el reflejo de estos valores en la vida pública y en las leyes, etcétera. De esta forma, los partidos políticos también contribuyen al ejercicio del Estado de Derecho en el país, al exigir el cumplimiento de los derechos de sus representados, y también de sus obligaciones.

Desde esta óptica, el acceso a la justicia no se limita al ejercicio de la aplicación de la ley, de las sanciones a las arbitrariedades, o de la implementación de actos punitivos. Sino de un acceso real a la justicia como un principio básico del Estado de Derecho.

Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. Los partidos polí- ticos pueden proporcionar esta voz, defender los derechos de “las poblaciones” y llevar los intereses de sus representados, con el objetivo que en el país se viva de manera plena la pluralidad, y se desarrolle una verdadera cultura democrática y una aplicación legítima del Estado de Derecho.