VIOLENCIA POR SER MUJERES

La violencia política contra las mujeres por razón de género es aquella que comprende todas las acciones u omisiones que, tanto en la esfera pública o privada, buscan o tienen por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político electorales de una o varias mujeres, su acceso al ejercicio de un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de su función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o el acceso y ejercicio a las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

La violencia política de género también tiene formas más sutiles de expresión, como cuando una mujer es discriminada como consecuencia de estar embarazada o pedir licencia de maternidad o cuando se le restringe el uso de la palabra, por el simple hecho de ser mujer y asumiendo que su opinión no será tan relevante como las de los hombres.

También es frecuente que en las organizaciones políticas las candidatas sean registradas en distritos que de antemano se sabe que van a perder, que se les obligue a renunciar a sus cargos para dejarlos en manos de hombres o se les presione para apoyar decisiones en contra de su propio criterio, también que los partidos no utilicen adecuadamente el presupuesto que deberían dedicar a la capacitación política de las mujeres.

Sin embargo, una de las formas más habituales de violencia es cuando se usan expresiones que denigran a las mujeres con base en estereotipos de género, que ponen en duda nuestra inteligencia y capacidad, y que insisten en relegarnos al ámbito de la vida privada. Esta forma de violencia está tan naturalizada que todos los días podemos escuchar ataques y descalificaciones verbales que políticos y personajes públicos expresan abiertamente y sin incomodarse.

¿Y QUÉ DICEN LAS LEYES?

Pese a que la participación de las mujeres en la vida pública tiene ya una larga data, el trayecto para alcanzar una legislación que garantice nuestros derechos en la materia ha sido lento. La violencia política contra las mujeres, como concepto, ha tenido que abrirse paso entre costumbres y miradas que minimizan y naturalizan las agresiones como parte del debate público y la confrontación política.

Apenas a mediados de abril de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que involucra a diversas leyes y que pretende homologar las actuaciones en materia de violencia política de género en todo el país, esta reforma viene a sustituir al “Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género” que, si bien había sentado precedentes importantes en la materia, no había logrado sanciones efectivas.

A partir de la reforma, ya se contemplan penas que van de uno a seis años de prisión y 50 a 300 días de multa, y que pueden incrementarse cuando las acciones violentas sean realizadas por servidores públicos, funcionarios partidistas, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos o candidatos, o si el agravio es contra una mujer que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena.

La reforma faculta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales en las entidades federativas para iniciar procedimientos y aplicar sanciones en contra de quienes cometan actos u omisiones que constituyan violencia política en contra de las mujeres, también podrán dictar las medidas cautelares correspondientes y establecer medidas de reparación integral, como indemnizaciones a víctimas, la restitución en el cargo en caso de que hubiera sido obligada a renunciar, además de la disculpa pública y medidas de no repetición.

También se prevé la obligación de que los partidos incluyan mecanismos de sanción aplicables a quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, además de garantizar la prevención, atención y sanción de esas acciones.

Del mismo modo, en julio de este año la Cámara de Diputados aprobó reformas a 86 leyes de todo el gobierno federal y sus instituciones, que buscan asegurar la paridad entre hombres y mujeres, esta aprobación, que ha sido calificada como un hecho sin precedentes en la historia política de nuestro país, busca reparar una brecha de género existente en materia de gobierno y toma de decisiones.

Equilibrar puestos y responsabilidades y establecer métodos justos de selección de personal y asignación de salarios en todos los niveles de gobierno, plantea enormes desafíos en materia de reestructuración de la administración pública, sin embargo, esta reforma constituye un gran avance puesto que reconoce jurídicamente la necesidad de reducir las diferencias entre hombres y mujeres.

¿CÓMO RECONOCERLA?

Como mencionamos anteriormente, la naturalización de las violencias en contra de las mujeres a menudo contribuye a que éstas sean invisibilizadas, es fundamental que la violencia política por razones de género deje de minimizarse y para ello las mujeres que participan en la vida pública deben ser capaces de reconocer cuando están siendo victimizadas.

La violencia política de género se presenta cuando el acto u omisión es dirigido hacia una mujer por el simple hecho de serlo, o afecta de manera desproporcionada a las mujeres en general. Debe tener además el objetivo de menoscabar o anular los derechos político-electorales de la mujer y darse en el marco de esos derechos o en el ejercicio de un cargo público. El acto en cuestión puede ser de muchos tipos: simbólico, verbal, físico, sexual o psicológico.¿y tú, has sido víctima de violencia política de género alguna vez?