Un castigo ejemplar para quien o quienes resulten responsables en el caso del Zoochilpan

El diputado Rafael Navarrete Quezada solicitó a las autoridades correspondientes que ya investigan el caso del Zoochilpan que sea una indagación seria y se aplique un castigo ejemplar para quien o quienes resulten responsables, por los hechos que dijo son un agravio para todos los Guerrerenses.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Guerrero este día, el legislador precisó que como representante del pueblo estará atento a las investigaciones y a su resultado, ante la violación de la Ley Número 491de Bienestar Animal para el Estado de Guerrero.

"De lo que si tengo certeza, es que cualquier directivo del Zoológico al asumir el cargo, protesta cumplir y hacer cumplir la ley de la materia, comprometiéndose a proteger a los animales, garantizar su bienestar, favorecer su atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural y salud, prohibir el maltrato, la crueldad, el abandono, el sufrimiento, el abuso y la deformación de sus características físicas asegurando la sanidad animal y la salud pública", recalcó.

Agregó que no cumplir eficaz y adecuadamente con la disposición protestada, trae aparejada la responsabilidad de responder por sus actos y omisiones, tanto en la esfera administrativa como penal si fuera el caso.

"No olvidemos que como sociedad y aún más como gobierno, la forma en que tratamos a los animales nos define como personas y como autoridades", sostuvo.

En tribuna, Navarrete Quezada dijo que un gobierno o una autoridad que no hace respetar sus leyes o simula aplicarlas sin las consecuencias sancionadoras, no solo agravia a su pueblo, sino que lo invita abiertamente a vivir en la ingobernabilidad y la injusticia.

"No queremos eso para Guerrero, Guerrero merece un gobierno responsable, eficaz y justo", añadió Finalmente dijo que las autoridades tienen la inaplazable responsabilidad de proteger a los animales y sancionar de manera ejemplar a quienes vulneren sus derechos, maxime, si el infractor tiene o tenía la obligación pública de garantizar su bienestar.