Boletín | CDE-PRI Guerrero 02 de septiembre de 2026, 19:30 Hrs.

ADULTOS MAYORES NO DEBEN SER VISTOS COMO UNA CARGA PARA EL ESTADO, SON SUJETOS PLENOS DE DERECHO: ALEJANDRO BRAVO

*Propone el PRI transitar de una política asistencialista a una verdadera política de derechos para la vejez y ampliar la edad de acceso a la pensión de 65 a 60 años

Hablar de las personas adultas mayores es hablar de quienes durante décadas trabajaron, construyeron familias, comunidades e instituciones y contribuyeron al desarrollo del país, afirmó en la tribuna del Congreso del Estado, el diputado Alejandro Bravo Abarca, durante la sesión de este miércoles.

Al fijar postura sobre el tema, el legislador sostuvo que desde el PRI se tiene absoluta claridad de que las personas adultas mayores no deben ser vistas como una carga para el Estado ni como simples beneficiarios de un programa social, pues son sujetos plenos de derecho, pues recordó que así lo establece la Constitución y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que reconoce derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la seguridad social, la vivienda, el trabajo, la educación, la participación y una vida libre de violencia y discriminación, bajo los principios de autonomía, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente.

Bravo Abarca señaló que el reto no es únicamente entregar un apoyo económico, sino garantizar una vida digna, por lo que desde el PRI dijo, se ha reconocido que los programas sociales deben permanecer y fortalecerse y recordó que su partido ha sostenido públicamente la defensa de estos apoyos y ha planteado incluso ampliar la edad de acceso a la pensión de 65 a 60 años.

Advirtió que una pensión puede ayudar a resolver una necesidad inmediata, pero no sustituye el derecho a recibir atención médica oportuna, no sustituye una pensión contributiva digna, no resuelve la soledad, el abandono o la violencia, no garantiza una vivienda adecuada ni asegura que una persona de 70, 80 o 90 años pueda desplazarse, participar en su comunidad y tomar libremente las decisiones sobre su propia vida.

Finalmente, afirmó que los derechos de las personas adultas mayores no pueden reducirse a una simple transferencia económica y México necesita transitar de una política asistencialista hacia una verdadera política de derechos para la vejez, por eso planteó la necesidad de garantizar atención médica especializada y de calidad, fortalecer las pensiones y jubilaciones, impulsar programas de empleo y capacitación para quienes desean continuar trabajando, promover estímulos para las empresas que contraten a personas adultas mayores, garantizar vivienda y movilidad accesibles, combatir el abandono y la violencia y generar espacios de participación social, cultural y política. "Porque envejecer no debe significar perder derechos, perder oportunidades ni perder voz", concluyó.